SAN SALVADOR – El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, alborotó nuevamente los titulares de los medios internacionales a partir de varias capturas realizadas en el país contra opositores, en lo que se entiende es el estrechamiento del cerco a la disidencia política y la confirmación de que mantendrá su ya característico estilo de gobierno autoritario, iniciado en 2019.
Aunque el gobierno asegura que las detenciones no se dieron, en principio, por la beligerancia política de los capturados, sino por el presunto cometimiento de delitos comunes, en el fondo se trata de una persecución política, señalaron activistas a IPS.
“Definitivamente estamos ante una consolidación del presidente con respecto a la centralización del poder y el control del movimiento social”, explicó a IPS la abogada y analista Besy Ríos.
Huele a persecución política
La detención de la activista de derechos humanos Ruth López, ocurrida entre la noche del 18 y madrugada del 19 de mayo, ha encendido todas las alarmas de que el cerco se está estrechando.
López es la cara más visible de Cristosal, una organización de derechos humanos fundada en 2001 por religiosos de la Iglesia anglicana en El Salvador.
Ríos agregó que el presidente ha querido enviar un mensaje con la detención de López, una de las activistas de mayor perfil en el país y una férrea opositora del gobierno de Bukele: atemorizar y acallar las organizaciones que defienden derechos en el país.
“El mensaje es: si nos levantamos (detuvimos) a Ruth, con su alto perfil, nos podemos levantar a cualquiera de ustedes, se trata de atemorizar a la gente”, acotó Ríos.
Bukele, etiquetado como un presidente milenial neopopulista y neoconservador, llegó al poder en junio de 2019, tras ganar arrolladoramente las elecciones de ese año.
Desde entonces ha gobernado con un marcado estilo autoritario que, para muchos, es el preámbulo de una carrera hacia un esquema dictatorial al estilo de Daniel Ortega, en la vecina Nicaragua, aunque sean de ideologías opuestas.
“Definitivamente estamos ante una consolidación del presidente con respecto a la centralización del poder y el control del movimiento social”: Besy Ríos.
Luego de su primer mandato, y en contra de críticas de que la Constitución no lo permitía, Bukele se lanzó a la carrera por un segundo periodo consecutivo, que ganó también con amplia mayoría, y asumió nuevamente la presidencia del país, en junio de 2024. Su partido, Nuevas Ideas, controla desde mayo de 2021 la unicameral Asamblea Legislativa.
Bukele ha mostrado sin ambages un gusto por gobernar sin contrapesos que le pongan límites, y un desdén a las críticas de políticos y de organizaciones de la sociedad civil.
“Aquí huele, se mira y se siente el sabor a que es una persecución de personas defensoras de derechos humanos”, subrayó Ríos.
Sobre la detención de López, agentes policiales llegaron a su casa y procedieron a detenerla por el delito de peculado, según informó en la red X la Fiscalía General de la República.
El peculado es cometido por un funcionario público que, aprovechándose de su cargo, desvía fondos estatales para su beneficio personal.
Y es que López, de 44 años, fue funcionaria pública antes de ser defensora de derechos humanos.
Ella ocupó altos cargos durante los dos gobiernos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (2009-2014, y 2014-2019), específicamente cuando fue la mano derecha de Eugenio Chicas, un exguerrillero que fungió como magistrado y como presidente del Tribunal Supremo Electoral y luego como secretario de Comunicaciones de la Presidencia.
Chicas fue encarcelado el 13 de febrero de 2025, mientras continúa el caso de enriquecimiento ilícito en su contra. Ya fue encontrado culpable en un proceso civil por el mismo delito, y por lo cual deberá reintegrar al erario público más de 200 000 dólares que no logró justificar.
La Fiscalía ha dicho que la detención de López surgió precisamente durante las investigaciones realizadas en el caso contra Chicas, y ahora la expectativa se centra en conocer el detalle de las pruebas que la institución dice tener contra la activista.
Los defensores de Bukele no ven a López como una activista de derechos humanos detenida, sino como una exmilitante del FMLN acusada de haber cometido actos de corrupción.
Una cadena de acontecimientos
La detención de López ha sido la que más polvareda ha levantado a nivel internacional, pero previamente hubo otros hechos que ejemplificarían la profundización del esquema autoritario por parte del presidente Bukele.
El 12 de mayo, la policía capturó a José Ángel Pérez, presidente de la cooperativa agrícola El Bosque, manejada por campesinos, así como al abogado Alejandro Henríquez, miembro del Foro del Agua, que aglutina a una veintena de organizaciones que luchan por el acceso al agua en el país.
Henríquez participó en un reportaje realizado por IPS, en diciembre de 2024, en torno a la lucha por el agua que mantienen comunidades cercanas a complejos industriales, cuyos pozos están dejando sin el recurso a esas familias.
La cooperativa El Bosque, nacida a raíz de la reforma agraria de 1980, mantenía un litigio con Luis Alonso Palomo desde la década de los 90, quien exigía el pago de 800 000 dólares. Como no hubo pago, y luego de años de maniobras legales, un juzgado emitió orden para desalojar a las más 300 familias residentes en la finca.
Preocupadas, unas 150 personas afectadas se reunieron el 12 y el 13 de mayo en las cercanías de la vivienda del presidente Bukele, localizada en un complejo de residencias de lujo llamado Los Sueños, al suroeste de San Salvador, con la intención de pedirle ayuda para evitar el desalojo.
El 13 de mayo, un pelotón policial intentó dispersar al grupo pero la acción degeneró en violencia cuando la policía quiso detener a algunas personas.
“Más allá de que Alejandro pertenece al Foro del Agua, el problema es el mensaje que está generando, con esta captura arbitraria, que surge a partir de la defensa, de la asesoría de una comunidad empobrecida que pidió auxilio”, afirmó a IPS el activista Carlos Flores, perteneciente a ese foro.
Y agregó: “Este es un mensaje nefasto, que tiene que ver con que cualquier persona que tiende su mano a los empobrecidos de este país, puede ser objeto de captura o de desaparición forzada”.
Flores sostuvo que a Henríquez le han atribuido los delitos de desorden público y resistencia al arresto, pero lo más grave es que aparentemente le han aplicado el llamado régimen de excepción, la medida con la cual el presidente Bukele ha logrado desarticular a las pandillas del país.
Esa política de detenciones masivas ya ha encarcelado a unas 85 0000 personas acusadas de ser pertenecer a grupos de pandillas delictivas.
Pero esa política se ha llevado de encuentro a cientos de personas inocentes, según han denunciado organizaciones de derechos humanos.
Bajo el régimen de excepción, el plazo para presentar a cualquier detenido ante un juez ya no es de tres días, sino que se puede alargar hasta los 15 días.
“Al compañero Henríquez le han aplicado los plazos del régimen de excepción, ahí vemos ya una acción dolosa y sospechosa”, subrayó Flores.
Bukele anunció que propondría una ley de agentes extranjeros para que, con el cobro del 30 % de impuestos al financiamiento internacional de las oenegés, se pagaría la deuda de la comunidad, con lo cual daba a entender que el se suspendía el desalojo. La ley se aprobó el 20 de mayo.
Y en efecto, el juez que previamente había ordenado el desalojo suspendió temporalmente la medida. Ello probaría que el sistema judicial, o al menos un segmento, está supeditado a las órdenes e intereses políticos del mandatario, dijeron activistas a IPS.
Transportistas encarcelados
Entre el 5 y el 7 de mayo, 14 propietarios de autobuses del servicio público de transporte fueron detenidos luego de que el mandatario les advirtiera, en la red X, de que enfrentarían cárcel si no ponían los autobuses a trabajar.
En El Salvador, el transporte público es ofrecido por cientos de personas particulares, beneficiarios de una concesión otorgada por el Estado. Es un sistema caótico e inseguro.
Todo surgió a partir de que, el 26 de abril, los trabajos de ampliación de un tramo de la carretera Panamericana, conocido como Los Chorros, en el oeste de San Salvador, fueron interrumpidos por un alud que cortó completamente la vía y el transporte quedó imposibilitado de circular por ahí.
Fue necesario tomar una carretera alterna que ocasionó un tráfico masivo e incomodidades.
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El mandatario afirmó, vía X, que el servicio de transporte sería gratuito para la población, en todo el país, y como al parecer algunos propietarios de buses se habrían negado, lo que siguió fue un operativo policial que llevó a las capturas.
El 5 de mayo, el presidente escribió en sus redes: “Muchos empresarios del transporte público no salieron a brindar el servicio que les corresponde, a pesar de que el Gobierno está cubriendo el 100 % del ingreso que normalmente perciben por día”.
Y añadió: “Esta acción constituye un claro sabotaje al país, y como siempre, el más afectado es el pueblo. La Policía Nacional Civil deberá proceder con la captura de los propietarios de las rutas involucradas”.
Los arrestos fueron realizados con orden de la Fiscalía General de la República, controlada por Bukele desde mayo de 2021, cuando los diputados oficialistas tomaron el control de la Asamblea e inmediatamente pasaron a destituir a varios jueces de la Sala Constitucional y al fiscal.
Los cargos atribuidos a los propietarios de autobuses son extorsión, incumplimiento de deberes, denegación de auxilio y peculado. Este último no aplicaría, pues ellos no son funcionarios públicos, pero El Salvador se está convirtiendo en el país donde el presidente decide a quién apresar y a quién no.
ED: EG
