MONTEVIDEO – Mientras los titulares destacan situaciones de crisis, inequidad o inestabilidad, rara vez enfocan una herramienta con enorme potencial transformador: las finanzas para el desarrollo. ¿Puede el dinero cambiar el mundo? Sí, si se moviliza con visión estratégica, sostenibilidad y equidad.
Según ONU Comercio y Desarrollo (Unctad), la brecha de inversión necesaria para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al 2030 supera los cuatro billones (millones de millones) de dólares anuales. Sin embargo, los activos financieros globales alcanzan los 486 billones, de acuerdo con el Consejo de Estabilidad Financiera.
¿Qué impide que una pequeña parte de esos fondos fluya hacia la sostenibilidad? Esta brecha representa no solo un desafío financiero, sino también una oportunidad para repensar el funcionamiento del sistema económico y orientarlo hacia un crecimiento más justo y resiliente.
Si bien existen barreras que pueden limitar el flujo de capital, como marcos regulatorios que necesitan fortalecerse, la falta de incentivos adecuados, subsidios que no favorecen prácticas sostenibles, ausencia de estándares claros y percepciones de riesgo, abordarlas con una perspectiva ecosistémica puede maximizar el pleno aprovechamiento del potencial de las finanzas para el desarrollo.
Redirigir los flujos financieros hacia prioridades sociales y ambientales es más urgente que nunca. Cada dólar invertido con enfoque ODS puede reducir pobreza, impulsar innovación y proteger los ecosistemas.
El objetivo es claro: construir un sistema financiero eficaz, integrador y responsable, capaz de responder a los grandes desafíos globales.
Para lograrlo, muchos países están implementando marcos de financiación que alinean recursos nacionales e internacionales con metas sociales y ambientales.
Estas estrategias movilizan inversiones que generan impacto real en la vida de las personas y en la salud del planeta: facilitan la transición energética, reducen la pobreza y promueven la innovación en sectores clave.
A nivel global, maximizar el impacto de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) sigue siendo fundamental.
En 2024, por cada dólar destinado a financiación básica, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) contribuyó a movilizar más de 500 dólares en inversiones públicas y privadas para los ODS. Esto representó más de 870 000 millones de dólares en financiamiento climático y resiliente desde 2022.
La próxima Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (FfD4), que se celebrará en la ciudad española de Sevilla del 30 de junio al 3 de julio, es una oportunidad clave para fortalecer una arquitectura financiera global que apoye inversiones alineadas con los ODS, contribuya a aliviar la deuda de los países más vulnerables, y fomente la movilización de recursos domésticos mediante redes de colaboración entre gobiernos, inversores y organizaciones filantrópicas.
Además, los esfuerzos se enfocan en consolidar ecosistemas de inversión sostenibles a través de portafolios alineados con los ODS, mitigación de riesgos, innovación financiera y sistemas que orienten las inversiones hacia actividades sostenibles con criterios de divulgación y control del impacto.
Uruguay: Innovación financiera con impacto
En Uruguay, el impulso hacia un mercado de finanzas sostenibles busca acelerar el cumplimiento de los ODS y posicionar al país como un hub regional. Esta agenda se canaliza a través de la Mesa de Finanzas Sostenibles, un espacio interinstitucional que lideran el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central del Uruguay (BCU), y que cuenta con el compromiso y apoyo del PNUD, así como socios de la banca y el sector financiero, buscando dar respuesta a los retos de las finanzas para el desarrollo.
Un avance significativo fue el Bono Indexado a Indicadores de Cambio Climático (BIICC), emitido en 2022. Su Marco de Referencia fue elaborado por cinco ministerios, con apoyo técnico del BID y el PNUD. El instrumento vinculó el costo del financiamiento a metas ambientales, con verificación externa del PNUD. Su primera emisión, con una demanda de 1500 millones de dólares, marcó un precedente regional para futuras emisiones sostenibles y representó una contribución relevante a los bienes públicos globales.
En 2024, además, se lanzó el primer Bono de Impacto Social (BIS) en educación dual, un instrumento que vincula el retorno financiero a resultados medibles en inclusión y empleabilidad. Desarrollado con participación de organizaciones civiles, instituciones públicas e inversores, busca financiar proyectos educativos que favorezcan la inserción laboral de jóvenes.
El riesgo del greenwashing: más transparencia, menos promesas vacías
El crecimiento de las finanzas sostenibles trae consigo riesgos. Uno de los más notorios es el greenwashing, es decir, aparentar un compromiso ambiental o social sin acciones ni resultados verificables. Para evitarlo, es fundamental una gestión objetiva del impacto, con estándares claros de transparencia y mecanismos de verificación externa.
Uruguay, con un marco financiero robusto y bonos indexados a resultados, ejemplifica cómo un enfoque transparente y orientado a resultados puede contrarrestar eficazmente el riesgo de greenwashing y asegurar que cada dólar invertido tenga impacto real.
Financiar el futuro exige medir el impacto real de cada decisión. Solo así la Agenda 2030 podrá materializarse.
El dinero no tiene un propósito intrínseco; su impacto depende de nuestras elecciones. Podemos usarlo para alimentar desigualdades o como un motor para impulsar un mundo más equitativo, resiliente y sostenible.
Alfonso Fernández de Castro es el representante permanente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Uruguay.
RV: EG
